En uso de sus atribuciones legales, el Consejo de Defensa del Estado interpuso a fines del mes de abril una querella criminal en contra de cinco ejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral S.A. -ubicada en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena- para que se investigue su responsabilidad penal por fraude de subvenciones en contra del Estado.
Lo anterior, en consideración a que dicha empresa percibió alrededor de 60 mil millones de pesos como beneficio tributario contemplado en la Ley Navarino, adulterando información en materia de mortalidad en los centros de acuicultura, además de alterar artificialmente las condiciones ambientales de los cuerpos de agua y sedimento, todo lo cual le permitió obtener fraudulentamente cuantiosos recursos emanados de la Ley Navarino.
El 22 de mayo pasado, el CDE obtuvo como medida cautelar que se retuvieran las bonificaciones pendientes de pago a Nova Austral, por un monto que bordea los siete mil millones de pesos. Del mismo modo, este lunes presentó una ampliación de su querella, ahora en contra de la persona jurídica Nova Austral S.A., fundada como delito base en el previsto en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que persigue el daño sobre los recursos hidrobiológicos como consecuencia de la introducción de agentes contaminantes en los cuerpos de agua.
“El Consejo de Defensa del Estado ejercerá todas las herramientas que la ley le entrega para perseguir a quienes infrinjan las normas y la institucionalidad, torciendo el espíritu y propósito de nuestras leyes, en este caso, de la Ley Navarino, y provocando, además de un cuantioso perjuicio fiscal, daño al medio ambiente”, sostuvo el Presidente del Organismo, Juan Antonio Peribonio.
“Nos parece clave este paso que ha dado el Consejo de Defensa del estado al querellarse contra una empresa como Nova Austral que efectivamente atenta contra el país, ya que sistemáticamente realiza acciones fraudulentas afectando el medioambiente y comunidades. Existen 12 centros de la empresa en la zona que han reportado falta de oxígeno, lo que es muy dañino para el ecosistema. En este caso la gravedad está en que lo hacen dentro de un Parque Nacional de la Patagonia y con daño directo y malintencionado por alterar los fondos marinos de estos lugares protegidos con tal de buscar beneficios productivos. Además, Nova Austral insiste en mover sus operaciones a otra zona protegida al sur del Estrecho de Magallanes para seguir gozando de beneficios tributarios a costa de todos los chilenos y el medio ambiente. El centro involucrado en la denuncia, junto a otros 4 de la misma empresa, buscan relocalizarse en el territorio indigena Kawésqar que hoy es parte de la Reserva y Parque Nacional Kawésqar, explicó Estefanía González, Coordinadora de la campaña Océanos de Greenpeace.
Finalmente, cabe hacer presente que el ejercicio de la acción penal interpuesta no obsta la eventual interposición de la acción civil de reparación por daño ambiental por parte del CDE, respecto de lo cual se encuentra recabando antecedentes.
