La Sala de la Cámara aprobó en general, por 81 votos a favor, 46 en contra y doce abstenciones, el proyecto que declara insaneablemente nula la norma vigente que vino a reformar la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones.
La propuesta, que fue devuelta a comisiones al ser objeto de indicaciones, impugna en lo particular la Ley 20.657, que modifica el citado cuerpo legal en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización.
El texto detalla que, durante la tramitación de la citada Ley 20.657, entre los años 2011 y 2013, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.
A lo anterior, explica la normativa, se sumó la manifiesta presión indebida sobre parlamentarios ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta normativa.
Por dichos argumentos, la moción sostiene que la Ley de Pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación.
Por otra parte, se precisa que es un hecho público y notorio que actores particulares de la industria financiaron irregularmente a algunos parlamentarios mientras se discutía la ley. Este principio, entendido como la preeminencia del interés general por sobre el particular, es aplicable por mandato de la propia Constitución a todas las personas que son titulares de funciones públicas, por lo que quedan incluidos los senadores y diputados.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, tomó parte del debate y explicó las consecuencias de la nulidad de la normativa, señalando que ello solo empeora las cosas. “Es un autogol completo”, sentenció.
En tanto, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que el texto legal infringe la Constitución y solicitó reserva de constitucionalidad. “No existe la potestad expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley”, remarcó ante la Sala.
